Tlaxcala, el miedo en cifras

ANTÍPODAS

Por: Juan Manuel Cambrón Soria

Desde hace tiempo he insistido en una idea que con demasiada frecuencia ha sido desestimada por el gobierno estatal: en Tlaxcala existe un problema creciente, serio y profundo de inseguridad, enmarcado en una errática y fallida estrategia y, quizá todavía más importante, una sociedad que cada vez se siente menos segura.

No es una afirmación construida desde la oposición ni producto de una coyuntura política, tampoco se trata de reducirlo a una discusión entre partidos; es decir, la inseguridad en Tlaxcala no comenzó con Morena, la serie histórica demuestra que el deterioro comenzó años atrás, durante gobiernos priistas, a los que también crítique fuertemente, pero en los últimos años se ha profundizado. Por esta razón vale la pena abordar el fenómeno de la inseguridad más allá de los colores de los partidos que gobiernan, y hacerlo con un enfoque de Estado y de instituciones.

Considero que los datos del INEGI permiten observarlo con perspectiva. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026 revela que 75.3 por ciento de los tlaxcaltecas considera inseguro vivir en el estado. Vaya dato, tres de cada cuatro paisanos se sienten intranquilos, esto debe preocuparnos a todos, pero adquiere otra dimensión si observamos la película completa.

La serie comparable de la ENVIPE comienza en 2011 cuando gobernaba Mariano González Zarur, en aquel año 41.6 por ciento de los tlaxcaltecas consideraba inseguro vivir en la entidad, incluso un año después el porcentaje descendió a 40.1. Desde entonces la tendencia, con altas y bajas, ha sido fundamentalmente ascendente. En 2013 llegó a 52.1 por ciento; en 2014 alcanzó 60; para 2016 se ubicó en 55.1; es decir, a lo largo de ese sexenio priista, el incremento fue de 13.5 puntos. Durante los años siguientes, en el gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez volvió a crecer: 59.1 en 2017, 68.8 en 2018 y 69.4 en 2019, donde se tuvo el pico más alto de 10 puntos por encima de como lo recibió; después aparecen dos años que deben analizarse con cuidado; en 2020 la percepción descendió a 67.7 por ciento y en 2021 a 63; sería un error atribuir automáticamente esa disminución a una recuperación estructural de las condiciones de seguridad, porque aquellos fueron precisamente los años marcados por la pandemia, el confinamiento y una reducción extraordinaria de la movilidad, que significó menos personas en las calles, menos usuarios del transporte público, comercios cerrados, actividades suspendidas y millones de ciudadanos permaneciendo durante meses en sus hogares, que necesariamente modificaron las oportunidades para determinados delitos.

Por eso resulta todavía más revelador observar qué ocurrió después. Ya en el gobierno de la neo morenista Lorena Cuellar Cisneros, en 2022 la percepción se ubicó en 60.2 por ciento; en 2023 comenzó nuevamente a subir, hasta 62.4, y en 2024 alcanzó 63.3. Hasta ahí podía hablarse todavía de fluctuaciones dentro de determinados márgenes; pero en 2025 algo se rompió, ya que, en solamente un año, la percepción de inseguridad pasó de 63.3 a 77.3 por ciento, esto es un incremento de catorce puntos porcentuales, que el propio INEGI identifica como estadísticamente significativo, una variación que no es marginal ni ruido dentro de una encuesta, sino el mayor incremento anual registrado en Tlaxcala desde que existe la ENVIPE.

Ahora bien, la medición de 2026 ofrece una pequeña mejoría: disminuye de 77.3 a 75.3 por ciento; y habrá quien quiera celebrar esos dos puntos, el problema es que, aún después de esa reducción, el 75.3 por ciento constituye el segundo peor registro de percepción de inseguridad de los últimos dieciséis años.

Al revisar la ENVIPE, también encontré una disminución en la tasa de personas víctimas de delito durante 2025, lo cual es un dato positivo y debe reconocerse; sin embargo, la tasa de delitos prácticamente permaneció igual. Es decir, disminuyó el número de personas victimizadas, pero no la incidencia delictiva. A ello se agrega otro dato que quizá explica mejor que ningún otro la dimensión institucional del problema: la cifra oculta en Tlaxcala alcanza 91.5 por ciento; lo que se traduce como que 9 de cada 10 delitos no terminan reflejados en una investigación formal; y no sucede porque la gente considera que es una pérdida de tiempo, hay trámites complicados, mala atención y desconfianza en las autoridades.

El proceso comenzó antes del actual gobierno. La serie muestra que durante administraciones priistas ya existía una tendencia creciente en la percepción de inseguridad. Después hubo periodos de contención, algunos descensos y nuevos incrementos. Lo que me preocupa es la indolencia de los gobiernos en turno y su incapacidad de construir instituciones, acciones y estrategias suficientemente sólidas para revertir de manera permanente esa tendencia.

Cada gobierno recibe un problema acumulado, mismo que no desconoce; pero también adquiere la responsabilidad de detenerlo, de combatirlo y de contenerlo; y si la tendencia se profundiza durante una administración, es imperdonable utilizar el pasado como coartada.

Por eso resulta insuficiente responder a la inseguridad comparando a Tlaxcala con las entidades más violentas del país, ni siquiera compararla con aquellas que presentan los indicadores de mayor seguridad, la comparación que realmente importa es Tlaxcala contra Tlaxcala; y en ese balance no quedamos bien parados porque en los últimos 15 años el deterioro es evidente, es marcado, se profundiza en el tiempo. El gobierno puede discutir nuestra interpretación, descalificar mi posición, minimizarla como una posición política, pero lo que no puede hacer es evadir la frialdad de los números, ni menospreciar lo crudo de las cifras, que finalmente son un reflejo sombrío del miedo que en Tlaxcala perciben sus habitantes, síntoma del avance de la delincuencia.