El problema no es el rolex
ANTÍPODAS
Por: Juan Manuel Cambrón Soria
Durante años, la austeridad fue una de las principales banderas políticas del movimiento de Andrés Manuel López Obrador, la convirtió incluso en una categoría moral afirmando que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, invocando permanentemente la “justa medianía” juarista. La presidenta Sheinbaum reivindicó esa misma idea haciendo un llamado a los servidores públicos a conducirse con sencillez y humildad, alejados de las excentricidades y los lujos.
Y entonces aparecieron los Cartier, los Rolex y los diamantes. Una investigación de Reforma puso bajo los reflectores a la secretaria de Turismo federal, la paisana Josefina Rodríguez Zamora, y a su prometido, Iván García Juárez, funcionario del Gobierno de Tlaxcala, por relojes, joyas, viajes y accesorios de lujo. Ambos han respondido que se trata de patrimonio adquirido legalmente, producto de su trabajo y de actividades anteriores al ejercicio de sus actuales responsabilidades públicas.
De entrada, su argumento es válido, porque una República no requiere para operar funcionarios pobres; por lo que, si Josefina puede comprarse un Cartier e Iván un Rolex con recursos obtenidos lícitamente, están en todo su derecho. Sin embargo, Morena, el partido al cual dicen pertenecer tendría que resolver su propia contradicción: no se puede utilizar la austeridad como instrumento de superioridad moral para juzgar a los adversarios y convertirla en un asunto estrictamente privado cuando la ostentación aparece entre los propios.
No obstante, conforme han avanzado las investigaciones periodísticas, el asunto dejó de ser únicamente una discusión sobre austeridad, porque el diario Reforma ha publicado señalamientos relacionados con José David Rodríguez Zamora, hermano de la secretaria y funcionario del gobierno de Puebla, casualmente ubicado en temas de turismo, quien presuntamente habría utilizado el nombre y posición de su hermana para gestionar ante gobiernos estatales sedes y patrocinios en beneficio de una empresa privada de su propiedad dedicada a la organización de peleas de gallos; que además participará en la organización del Tianguis Turístico 2027 en Puebla, cuya sede fue determinada mediante un proceso encabezado por la dependencia federal que dirige Josefina Rodríguez.
Pero este modus operandi no es nuevo; en febrero de 2023, cuando Josefina era secretaria de Turismo de Tlaxcala, la cuestioné durante su comparecencia ante el Congreso precisamente por posibles conflictos de interés, ya que casualmente la dependencia estatal a su cargo hacía campañas de promoción institucional en lugares propiedad de su familia, además de que la famosa ganadería de su papá, habría recibido contratos en actividades vinculadas con la Feria de Tlaxcala.
Su respuesta terminó siendo memorable, “Antes de ser secretaria, soy empresaria y soy ganadera, y eso nadie me lo va a quitar”. Y tenía razón, nadie tenía que quitárselo; pero a lo que sí estaba obligada era garantizar que los intereses de la empresaria, de la ganadera, de su familia o de sus negocios jamás se confundieran con las decisiones como funcionaria.
Tal vez ella y su prometido no lo alcanzan a ver, pero existe una frontera que separa el interés privado del servicio público. El conflicto de interés no es una ocurrencia política, la ley General de Responsabilidades Administrativas contempla esa conducta, la prohíbe y la castiga; tan es así que, cuando se materializa en una actuación concreta del servidor público —una contratación, una adjudicación, una promoción, una gestión o cualquier intervención desde el cargo que favorezca intereses privados propios, familiares o de negocios—la discusión ética queda superada y se traslada al terreno de probables conductas de corrupción.
Por esta razón el problema no es el Rolex, ni el Cartier, es más, ni siquiera determinar quién pagó las vacaciones o cuánto costó el anillo; lo verdaderamente relevante es saber ¿si alguna decisión, promoción, gestión, contratación o recurso ejercido desde la Secretaría de Turismo de Tlaxcala, y ahora desde la Secretaría federal, terminó beneficiando directa o indirectamente intereses empresariales propios, de sus familiares o de personas cercanas a la titular?
Pensar que el conflicto de interés se combate con declaraciones, comunicados o deslindes en el sentido de que un hermano, un padre o una pareja tienen derecho a hacer negocios no es suficiente; lo que se requiere es rendir cuentas y demostrar que el poder público nunca fue utilizado para favorecer esos negocios. Rendir cuentas no significa decir “no tengo nada que ocultar”; significa precisamente abrir la información necesaria para demostrarlo: transparentar decisiones, declarar intereses, explicar relaciones, mostrar contratos y mecanismos de asignación de presupuestos públicos.
Josefina y su novio pueden comprarse con su dinero lo que les plazca, pero no pueden evadir el principio republicano de la rendición de cuentas y menos olvidar que el poder no pertenece a quien temporalmente lo ejerce, y menos les otorga un pase de impunidad, aunque se comportan como quien sabe que lo tiene y nada le pasará.
