PVEM carga con alcaldesa que le restaría los poquititos votos que podría tener, ya que tiene un pie en el CERESO por los evidentes delitos de malversación de recursos y abuso de autoridad.
El municipio de Lázaro Cárdenas enfrenta una grave situación por el manejo de recursos públicos, ya que por Ley, la Presidenta Municipal Elena Macías Díaz debería ir a la cárcel, por el evidente delito de malversación de recursos públicos, abuso de poder y los que resulten, debido a que a la fecha sigue ejerciendo los mismos, sin contar con una Ley de Egresos actualizada, por las diferencias que privan entre el cabildo y la Presidenta Municipal.
La referida situación es grave, porque ese municipio ha ejercido recursos públicos sin que fuera avalado por el cabildo. Muestra de ello, en el 2025 ejerció la misma ya que no hubo acuerdos con los miembros de ese órgano colegiado para aprobar el actualizado y por ende priva la opacidad en el manejo de recursos públicos.
De acuerdo a la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, lo estipula en el Artículo 47. Los municipios deberán. “Elaborar los proyectos de iniciativa de Ley de Ingresos en términos de lo que dispone el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y el Presupuesto de Egresos del ayuntamiento, en coordinación con las dependencias y entidades municipales”
La referida Ley precisa que la iniciativa deberá ser presentada en el transcurso del primer trimestre de 2025, ya que el municipio debe publicar su presupuesto aprobado a más tardar el 25 de febrero, situación que en el pasado ejercicio fiscal del 2025 y el actual 2026 no ha sucedido.
En consecuencia, la Presidenta Municipal como titular del Ayuntamiento, incumple con esa disposición y se pasa por el arco del triunfo la Ley ya que ejerce recursos de manera autoritaria, lo que se convertiría en un abuso de autoridad y por ende en un delito ya que la Ley Municipal establece la distribución de partidas presupuestales.
La referida acción, además pondría en riesgo los resultados político electorales en el proceso electoral próximo, ya que con su reciente llegada al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y luego de los escándalos, podría derivar en acciones legales por los aparentes delitos en los que está inmersa la alcaldesa.
Así que, de aplicarse la Ley debería ser removida del cargo ya que el Congreso del Estado a través de la Comisión de Finanzas y Fiscalización junto con el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) están debidamente informados, solo que han hecho caso omiso por temor a las consecuencias legales y el evidente costo político que ello implica.
