Por: Aquiles Castro
En Tlaxcala el poder no cambia cuando se recicla, las personas no desaparecen simplemente se acomodan en un lugar distinto cuando el clima se enfría o cuando la opinión pública deja de mirar
Uno de esos casos es el de Luis Antonio Vélez Castillo, quien encaja perfectamente en esa lógica. Hoy está ubicado en la administración municipal del besucón alcalde de Amaxac de Guerrero Mauricio Pozos Castañón, en donde ocupa la titularidad de la Contraloría Municipal de ese municipio.
Se supone que esa oficina es para vigilar y promover las sanciones ante las autoridades correspondientes por los evidentes actos de corrupción ante el mal uso del dinero público. Pero su presencia en ese espacio dice más de la estructura política que lo sostiene que de sus capacidades profesionales
Antes de llegar ahí, su nombre aparecía en diversas conversaciones dentro de la Secretaría de Salud donde tuvo participación durante la operación del extinto Seguro Popular. Ex trabajadores administrativos y operadores financieros coinciden en una misma idea; durante esos años hubo movimientos de recursos que nunca quedaron del todo claros.
Hablan de contratos inflados, proveedores que como fantasmas aparecieron y desaparecieron, cuentas de operación que recibieron montos y luego quedaron sin justificar, compras con sobreprecio y adjudicaciones dirigidas.
Y aunque nadie lo afirma en una conferencia de prensa, ni mucho menos es abordado en algún boletín oficial y/o en su caso ser incluido en alguna de las conferencias circuleras es un tema que todo el personal que en ese entonces estuvo en ese lugar, lo recuerda perfectamente.
Los comentarios apuntan a algo más concreto: el patrimonio. Poco después de esos años comenzaron a verse adquisiciones de inmuebles, remodelaciones y bienes que no estaban a su nombre sino a nombre de su esposa o de familiares cercanos.
No se trata de mansiones ostentosas ni de escándalos arquitectónicos, sino de un tipo muy especifico de acumulación: propiedades que pasan desapercibidas, pero que representan dinero puesto en algo que no puede revertirse fácilmente. Esa práctica tiene nombre en círculos administrativos: patrimonio indirecto. Es una manera de mover recursos sin que el registro fiscal coincida con la realidad material.
En paralelo, existen procedimientos abiertos en la Fiscalía relacionados tanto con violencia familiar, como con el manejo de recursos públicos. No se trata de ordenes de aprehensión ejecutadas ni de condenas firmes; se trata de carpetas activas, solicitudes de información, revisiones patrimoniales y declaraciones en curso. Pero en Tlaxcala, el solo hecho de que existan carpetas abiertas, y que todos dentro de las mismas oficinas lo sepan, es suficiente para que el asunto forme parte de como se entiende a una persona dentro de la estructura pública.
Después vino el episodio que terminó por hacerlo visible para la ciudadanía; la pedida de mano en la Plaza de Toros de Tlaxcala. El uso de un espacio público como escenario privado con producción pirotecnia y logística, sin procedimiento transparente, funcionó como una metáfora involuntaria de todo lo anterior. No porque la pedida de mano fuera relevante en si, sino porque mostró la naturalidad con la que se accede a lo público como si fuera privado. Ese episodio fue un mensaje claro de cómo operan ciertos círculos de poder en el estado.
Hoy, después de esa historia, Vélez Castillo está en la Contraloría. Ese dato es más revelador que cualquier acusación directa. La oficina que debe revisar el uso de los recursos ocupada por alguien que arrastra señalamientos por el uso de recursos. La oficina que debe vigilar declaraciones patrimoniales ocupada por alguien que ha aprendido a no tener patrimonio a su nombre. La oficina que debe garantizar legalidad y transparencia es encabezada por alguien que tiene carpetas abiertas en la Fiscalía.
Nadie que llega a ese tipo de cargos llega solo. Ese es el punto central.
La pregunta nunca ha sido si Vélez Castillo actuó solo, si hizo o no determinados movimientos, si compró o no propiedades; todo eso se discute en expedientes y pasillos. La pregunta real es quien lo protege. Quien lo mueve. Quien lo nombra. Quien lo reacomoda cada vez que el escandalo baja de intensidad. Quien necesita que él esté ahí.
Porque en Tlaxcala la corrupción no se esconde, se administra. No se niega; se desplaza. No se combate; se acomoda.
La estructura permanece. Los nombres rotan. Los cargos cambian. Los expedientes se guardan en espera. Y en esa espera se define el poder.