Brissa Montero
Ante la existencia de una red de corrupción al interior de los Centros de Reinserción Social (CERESOS), fue suspendido de manera temporal y podría ser definitiva, el cese de Juan Antonio Martínez Guerrero como Director, mientras se llevan a cabo investigaciones por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), al interior de la coorporación y de la comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).
Se sabe que la medida fue impuesta por las graves acusaciones hechas públicas en un video que circula en las redes sociales y medios de comunicación que sería grabado al interior del penal.
En la denuncia, un interno de nombre Ventura “N” denunció una supuesta red de extorsiones, abusos de poder, amenazas de muerte, y hasta presuntos actos criminales orquestados por mandos penitenciarios.
Además de que algunos internos son sacados del penal para cometer robos y asesinatos.
Se tuvo conocimiento que, una de las razones que provocaron la exposición del video fue porque perdió canonjías y fue cambiado de centro penitenciario lo que provocó que rompiera el silencio y pusiera en aprietos a las autoridades estatales.
Se espera que en el transcurso del día se oficialice la información y se tenga conocimiento quien ocupara el cargo que quedó acéfalo ante la nueva crisis que atraviesa la administración lorenista.
Comunicado SSC
En su oportunidad la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informa que, ante la difusión de un video en el que una persona privada de la libertad (PPL) señala presuntas amenazas hacia su persona y su familia, así como señalamientos hacia el director del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tlaxcala, por lo que, ya se están realizando las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.
La SSC, a través de la Dirección de Prevención y Reinserción Social, ha iniciado los procedimientos internos necesarios y recabar la información que permita determinar la veracidad de las presuntas acusaciones, garantizando en todo momento el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y del personal penitenciario.
Por su parte, la Dirección de Prevención y Reinserción Social determinó aplicar una medida de vigilancia especial al PPL, con base al artículo 37 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a fin de proteger su integridad física, toda vez que, a su llegada al Cereso de Apizaco, ha presentado conflictos con otros PPL`s.
Finalmente, la SSC colaborará con la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) y Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con el objetivo de trabajar de manera conjunta, esclarecer los hechos y en su caso, sancionar a quien resulte responsable.
La dependencia reitera su compromiso de actuar con transparencia, objetividad y apego a la ley, colaborando con las autoridades competentes para esclarecer lo ocurrido y tomando las medidas que correspondan en caso de que se identifiquen responsabilidades.
