Raúl Contreras Flores
Después del histórico primer proceso electoral judicial acontecido en el país el pasado domingo 1 de junio, el cual ha sido calificado como “exitoso” por parte del oficialismo, mientras que para una vociferante “oposición” no ha sido más que una vil “farsa”, lo único cierto es que a partir del próximo 1 de septiembre habrá de renovarse parcialmente del Poder Judicial, la parte complementaria se realizará en el 2027.
Si bien, a la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y otros órganos impartidores de justicia, tanto federales como locales, llegarán mayoritariamente –o casi en su totalidad- ministros, magistrados y jueces identificados o impulsados por el partido en el poder, sin duda esto se debe en gran medida a la apatía, a la falta de capacidad, organización y poco poder de convocatoria de la convenenciera “oposición”. Pero, sobre todo, a la falta de principios, de ética, de honestidad, valores y lealtad a la ideología del partido en el que participan políticos y simpatizantes de la llamada sociedad civil.
Una “oposición” que se la pasa en la verborrea, en lanzar perogrulladas y mentadas de madre, insultos, descalificaciones y gritos, más que en presentar propuestas concretas, bien fundamentadas, bien estructuradas, que pudieran considerarse como alternativas viables frente a los proyectos y programas de los gobiernos emanados de Morena.
Una “oposición” que, hay que reconocerlo, representa un importante segmento de población, pero que no ha logrado encontrar los liderazgos a nivel nacional y locales que encabecen una propuesta seria, responsable y constructiva de un proyecto viable de nación. Por el contrario, líderes políticos “opositores” han encontrado su modus vivendi a través de convenencieras como sistemáticas “protestas” y “críticas” al poder que no dejan de ser simples ventas al mejor postor, medios de extorsión o chantaje para satisfacer intereses puramente personales.
Y en el caso que hoy nos ocupa: si en lugar de organizar intensas campañas en contra del proceso electoral, de ocultar información, de provocar confusión y desaliento entre el electorado, de alentar el no acudir a votar, los “opositores” se hubieran dedicado en tiempo y forma a impugnar con argumentos sólidos y jurídicamente bien sustentados la elección de los aspirantes oficialistas, algunos de estos acusados de corrupción, extorsión, acoso sexual, nepotismo o falta de preparación, hasta “tirar” las candidaturas; sumado a armar también sus propios acordeones –muy necesarios en esta ocasión dada la complejidad de la sui generis votación-, potenciando su distribución entre la población inconforme con el actual gobierno, seguramente se tendrían otros resultados.
Prueba de ello es el caso de la ministra en funciones, Yasmín Esquivel Mossa, quien permanecerá como integrante de la próxima SCJN. Togada que en temas controversiales ha votado en diferentes ocasiones en contra de la política hacendaria marcada por la presidencia de la República, como fue el caso de haber votado en una resolución judicial a favor de los intereses económicos de Ricardo Salinas Pliego, presunto deudor fiscal. Como la polémica ministra, pudieron haber llegado más ministros, magistrados y jueces identificados con el grupo conservador, representantes de la derecha y organismos empresariales. Seguramente hoy se sienten arrepentidos de no haber participado en el primer proceso electoral judicial y optan por la estridencia y la bajeza, en donde asoma su naturaleza humana expresada en el racismo y el clasismo.
En todo sistema democrático es necesaria la oposición, sólo de esta manera se pueden establecer los pesos y contrapesos en el ejercicio del poder. Y tanto en el país como en la entidad tlaxcalteca se tuvo la oportunidad de buscar ese equilibrio en la conformación del nuevo Poder Judicial, sólo que la ausencia de principios, ética, moral, dignidad y lealtad a una ideología lo impidió.
¿Esa “oposición” será capaz de entender lo que sucedió en Durango y Veracruz en materia electoral?