Castigo penal y destitución para mata perros del SMDIF Totolac
Brissa Montero
Tras atropellar intencionalmente a una perrita, el empleado del municipio de Totolac podría enfrentar de dos a cuatro años de prisión y multas de hasta 800 UMA por crueldad animal.
El atropellamiento intencional de una perrita de aproximadamente dos años de edad, atribuido al conductor de una unidad oficial del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF) de Totolac, ha generado indignación en la población, la cual exigió justicia, y que el aparente responsable enfrente consecuencias penales y administrativas.
De acuerdo con el video que circula en las redes sociales, el incidente habría ocurrido el pasado 9 de noviembre sobre la avenida Revolución del municipio de Totola que gobierna Benjamín Atonal, donde el operador de una camioneta oficial embistió deliberadamente a la pequeña French Poodle, provocándole la muerte, para posteriormente continuar su camino.
El enojo ciudadano se dio, después de que el animalito quedó moribundo y el trabajador del Ayuntamiento morenista que conducía la unidad oficial, no hizo el menor intento de brindarle ayuda.
Más allá de la indignación social, los hechos podrían tener implicaciones legales, ya que de acuerdo al Código Penal para el Estado de Tlaxcala contempla, en sus artículos 435 y 436, penas de dos a cuatro años de prisión y multas de 500 a 800 Unidades de Medida y Actualización (UMA) cuando los actos intencionales de maltrato o crueldad animal provocan la muerte.
Para ello, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) deberá investigar y acreditar que existió dolo, mediante el análisis de videos, testimonios y peritajes que permitan establecer las circunstancias en las que ocurrió el atropellamiento.
Incluso, la evidente responsabilidad no necesariamente termina en el ámbito penal ya que al tratarse de una unidad perteneciente al SMDIF de Totolac, también corresponde al Ayuntamiento y a su Órgano Interno de Control revisar la actuación del trabajador, el uso del vehículo oficial y las posibles responsabilidades administrativas.
Ante la gravedad de lo sucedido, se considera necesario que el Ayuntamiento informe qué medidas ha tomado, que el conductor sea separado preventivamente de las funciones de manejo mientras se esclarecen los hechos y que, de acreditarse su responsabilidad, se proceda con las sanciones correspondientes, incluida la posible destitución.
El caso, también pone sobre la mesa, la obligación de las autoridades municipales de garantizar el respeto y la protección de los animales, así como de evitar que los recursos públicos sean utilizados para cometer conductas contrarias a la Ley como lo quiso disfrazar el Ayuntamiento tras emitir un escueto comunicado donde el conductor habría llegado a un acuerdo con los propietarios del animalito.
Por lo anterior, la muerte de la perrita no debe quedar reducida a un incidente vial ni resolverse mediante una simple amonestación interna.
Así que, de confirmarse que el atropellamiento fue deliberado -como se observa en el video-, deberá existir una respuesta institucional y legal a la altura de la gravedad de los hechos ya que se estaría dando un acto de crueldad animal, que no debe quedar impune.
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