Una denuncia que llegó a esta redacción evidenció las aparentes irregularidades que imperan en la oficina de Comunicación Social, desde donde se dicta la línea discursiva y se ordena la publicación de información a modo, la cual es distribuida a los pocos medios de comunicación que aún tienen convenio con el Gobierno del Estado.
Aquí la denuncia completa, que por obvias razones, nos reservamos la autoría de la misma.
CRISIS, ABUSOS Y PRESUNTAS IRREGULARIDADES SACUDEN A LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN EN TLAXCALA
Lo que ocurre al interior de la Coordinación de Comunicación ha dejado de ser un rumor para convertirse en una crisis abierta. Entre señalamientos de malos tratos, despidos injustificados, conflictos con medios de comunicación y presuntas prácticas irregulares, el ambiente laboral se ha transformado —según denuncian trabajadores y representantes del gremio— en un espacio marcado por la tensión, el miedo y la incertidumbre.
Desde la llegada de Antonio Martínez Velázquez, las inconformidades no solo han persistido, sino que se han intensificado. Fuentes internas describen un estilo de dirección basado en presión constante, descalificaciones e insultos, en el que directores y personal operativo han sido minimizados de manera recurrente. “Ya no se puede trabajar así”, coinciden empleados que, por temor a represalias, prefieren mantenerse en el anonimato.
A la par, se ha documentado la salida de múltiples trabajadores que formaban parte del equipo desde el inicio de la actual administración estatal, varios de ellos vinculados directamente con el periodo de campaña. De acuerdo con testimonios, estas decisiones se habrían tomado bajo el argumento de una reestructuración que prometía la llegada de perfiles externos para fortalecer la imagen institucional, situación que —según señalan— nunca se materializó.
En contraste, lo que sí ha generado preocupación es la presunta existencia de “aviadores” dentro de la dependencia, es decir, personas registradas en nómina que no desempeñarían funciones claras, mientras que personal con experiencia y carga de trabajo real ha sido separado de sus cargos.
El punto más crítico se registró durante la segunda quincena de marzo de 2026. Según diversas versiones, se realizaron despidos considerados injustificados, que habrían servido para liberar espacios en la nómina. La acusación es grave: dichos espacios estarían siendo destinados a personas que, presuntamente, ni siquiera se presentan a laborar.
La Dirección Administrativa, encabezada por Tomás Pérez Zacapantzi, concentra múltiples señalamientos. Proveedores refieren presuntas solicitudes de dinero en efectivo bajo distintos argumentos, mientras que trabajadores de diferentes áreas de la Coordinación reportan ausencias recurrentes durante el horario laboral. Incluso, durante el periodo de Semana Santa el funcionario habría dejado en repetidas ocasiones su lugar de trabajo para atender actividades de carácter eclesiástico, delegando completamente sus responsabilidades al personal a su cargo, quienes tuvieron que asumir la carga operativa sin respaldo directivo.
En otras áreas, la inestabilidad es constante. En la Dirección de Marketing, bajo la responsabilidad de Ulises Carro, trabajadores señalan presuntos privilegios, desempeño cuestionado y posibles conflictos de interés en procesos de contratación. De acuerdo con versiones internas, pese a errores reiterados, su permanencia no se ha visto afectada, lo que ha generado inconformidad entre el personal.
El área jurídica tampoco queda exenta de cuestionamientos. Personal de la propia coordinación refiere que el Jefe de Departamento rara vez se encuentra en su lugar de trabajo y que, presuntamente, estaría dedicando tiempo laboral a actividades de carácter político, incluyendo acciones vinculadas a una posible aspiración electoral por una diputación local. Esta situación, señalan, ha generado molestia entre los trabajadores, quienes perciben un abandono de funciones en un área clave para el correcto funcionamiento administrativo.
De manera paralela, algunos medios de comunicación han comenzado a alzar la voz por el trato recibido desde la coordinación. Representantes del gremio señalan que han sido descalificados y etiquetados como “medios patito”, además de cuestionarse su derecho a recibir recursos por concepto de publicidad oficial del gobierno encabezado por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, lo que ha tensado la relación institucional con la prensa local.
Cambios en direcciones, despidos sin previo aviso y decisiones centralizadas han generado un entorno donde la permanencia laboral es incierta. La carga de trabajo se ha incrementado para quienes permanecen, mientras que la estructura operativa muestra signos evidentes de desgaste.
En este contexto de inconformidad creciente, voces de medios de comunicación han comenzado a expresar llamados directos a la titular del Ejecutivo estatal. “¡Lorena, abre los ojos!”, advierten, al señalar que el deterioro interno no solo afecta a la dependencia, sino también a la imagen institucional del gobierno.
El resultado es una Coordinación de Comunicación fracturada: un entorno marcado por la desorganización, el desgaste interno y una inconformidad que ya no se limita al ámbito interno, sino que se ha extendido hacia el exterior.
Hoy, más que versiones aisladas, lo que emerge es un patrón reiterado en múltiples testimonios.
Lejos de ser un caso aislado, lo que ocurre en la Coordinación de Comunicación apunta a un problema de fondo: decisiones tomadas desde la cúpula que, según diversas versiones, han privilegiado acuerdos internos por encima de la capacidad y la experiencia. Porque cuando los perfiles no corresponden a la responsabilidad del cargo, las consecuencias no tardan en reflejarse en la operación institucional.
En ese sentido, las críticas ya no se concentran únicamente en el actuar del coordinador Antonio Martínez Velázquez, sino que comienzan a escalar hacia la propia administración estatal encabezada por Lorena Cuéllar Cisneros. Desde distintos sectores se cuestiona si los nombramientos en altos cargos responden realmente a criterios de capacidad o a compromisos políticos internos que terminan debilitando las instituciones.
Porque cuando la improvisación sustituye a la experiencia y los acuerdos pesan más que los resultados, el costo deja de ser interno y se convierte en un problema de gobierno. Y hoy, en Tlaxcala, ese costo ya es visible.
La pregunta ya no es si existe un problema, sino cuánto más tendrá que deteriorarse la situación antes de que alguien asuma la responsabilidad de corregir el rumbo.
