PRD se hace el harakiri al pugnar que el OFS sancione a funcionarios corruptos
Propone la dirigencia estatal del PRD impulsar reformas para dotar de autonomía y mayores facultades al OFS para castigar a funcionarios por el mal uso de recursos públicos.
El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Julio César Pérez González, expuso que parte de los proyectos que abandera la Coalición “Unidos por Tlaxcala”, es el de transparentar al máximo el ejercicio de los recursos públicos, como una forma de dar mayor confianza a la ciudadanía y a toda la sociedad de que sus impuestos serán bien manejados en las obras y servicios necesarios que den bienestar a la gente, además de evitar cualquier tipo de corrupción e impunidad.
Para lo cual, impulsarán el fortalecimiento de las funciones de control y fiscalización del Congreso del Estado, con la presentación en lenguaje sencillo, de informes periódicos públicos sobre los recursos ejercidos, así como establecer comparecencias obligatorias de los titulares de las dependencias y organismos de la administración pública estatal.
Lo que implica “impulsar prácticas de lo que debe ser un buen gobierno en la administración pública estatal, como gobierno honesto y transparente”.
El perredista planteó que se abrirá un debate para determinar si el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) debe tener autonomía constitucional plena, y realizar una revisión de su integración y funciones, que permita conformarlo con profesionistas de sobrada solvencia moral, buena reputación, capacidad técnica e independencia y dotar al nuevo organismo e atribuciones que le permitan castigar desvíos o mal manejo de recursos.
Pérez González declaró que si quieren desterrar la impunidad, se tendrá que revisar el sistema de responsabilidades y sanciones de los servidores públicos y de los agentes privados que tienen relación con ellos.
“No debe haber complicidades, ni empresas fantasma, ni favoritismos, ni mucho menos adjudicaciones directas contrarias a la ley. Para ello, por ejemplo, se impulsará instituir la muerte civil a servidores públicos y a empresas privadas que hayan sido condenadas por actos de corrupción, esto es, inhabilitarlos para desempeñar cargos públicos o para participar en la contratación de compras y de obras gubernamentales, mediante un Registro Público de Funcionarios y Empresarios Sancionados e Inhabilitados”, amenazó.
Apuntó que en el gobierno de coalición, propone un combate frontal y total a la corrupción y a la impunidad, con acciones como el perfeccionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción, con una revisión seria y puntual de los organismos y dependencias que lo integran, de sus atribuciones y alcances de éstas, de tal manera que dicho sistema tenga una transformación que fortalezca la prevención, la investigación y la sanción de cualquier tipo de actos sobre el mal manejo de los recursos públicos estatales y municipales.
“Ningún servidor público debe aprovecharse para su beneficio de recursos públicos ni tampoco debe mostrar incapacidad e ineficiencia en su manejo. Debemos decir basta al desvío de recursos y al enriquecimiento ilícito, con sanciones ejemplares a los responsables de dichos actos”, comentó.
Además, para dar mayor transparencia a la información pública, aseveró que el gobierno de la coalición, buscará simplificar los mecanismos de acceso de a la información pública modificando su marco legal, para una mayor digitalización y con ello disminuir la opacidad de los entes y funcionarios públicos.
