Andrés A. Solis*
El 20 de mayo de 2025 dos personas del primer círculo de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, fueron asesinadas a plena luz del día en una de las vialidades más importantes y transitadas de la capital.
Trece personas fueron detenidas en los días siguientes, pero hasta ahora seguimos sin saber quién ordenó estos asesinatos que nada tuvieron de casuales.
El mismo día de los hechos, la jefa de gobierno salió ante los medios a decir lo que siempre dicen. Que lamentaba las muertes, que acompañaba a las familias en su dolor, que no habría impunidad y convirtió un tema criminal en un acto político.
Casi nueve meses después, Brugada Molina se le ocurrió responsabilizar a la prensa sobre la percepción de inseguridad en la capital del país.
“Hay que bajarle a la nota roja”, dijo, como en su momento hizo su padrino político, Andrés Manuel López Obrador. Pero también lo dijeron otros presidentes como Enrique Peña Nieto o Felipe Calderón Hinojosa, o gobernantes estatales como el impresentable Javier Duarte en Veracruz y otros más.
Sobre esto retomo un par de párrafos de la “Guía de buenas prácticas para la cobertura informativa sobre violencia”, texto editado en 2014.
“En México, en marzo de 2011, en un acto muy mediático, decenas de personas propietarias y directivas de medios de comunicación firmaron con el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa un Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia, en el que “prometían” no convertirse en apologistas de la violencia ni en voceros de grupos delictivos.
El pacto no sirvió porque se diseñó mal, porque las empresas de medios y el propio gobierno han sido los primeros en violentarlo y especialmente, porque en este acuerdo nunca preguntaron a quienes comienzan la labor informativa: periodistas”.
Brugada no hizo un llamado a la censura como quisieron destacar algunos medios, pero tampoco fue un mensaje asertivo que intentó matizar al día siguiente, pero con peores resultados.
Tuvo la ocurrencia de convoca a debatir sobre la función social y la ética del periodismo.
Sin duda, en este país como en muchos otros persiste la tendencia mediática de privilegiar la nota roja, los hechos violentos, con el argumento falaz de que es lo que la audiencia pide.
Pero estas discusiones no le corresponden a los gobiernos ni a sus personeros. Se deben dar desde la academia, desde las universidades y escuelas de periodismo para promover mejores prácticas periodísticas sobre la cobertura de hechos violentos.
No le toca a ningún gobierno, porque siguen maquillando cifras y manipulando los datos para creerse su mentira de que la situación de violencia e inseguridad va mejorando.
Y más. Cualquier discusión sobre ética y deontología de la información nos toca sólo a quienes hacemos periodismo; una discusión entre iguales donde ni siquiera cuentan los dueños de los medios que, al no ser periodistas, son ignorantes de los principios y valores que deben regir nuestra actuación frente al poder, los empresarios y sobre todo, las audiencias…
*********
*Periodista, autor del “Manual de Autoprotección para Periodistas” y de la “Guía de buenas prácticas para la cobertura informativa sobre violencia”. Integrante del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación. Conduce el programa “Expedientes MN”, que se transmite los viernes a las 18:10 hrs., por la cadena de Meganoticias