Raúl Contreras Flores
Después de iniciar una batalla jurídica laboral, la cual ha sido elongada por varias décadas, el siempre polémico y controvertido activista, Parménides Ortiz Cano, a la fecha enfrenta el desdén de las autoridades competentes en la materia.
De acuerdo a lo expresado por el autonombrado “Comandante Referendum”, él ganó en el año 1988 una plaza académica en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) tras participar en un examen por oposición en la Unidad 291, en San Pablo Apetatitlán. Tiempo después, convertido en dirigente sindical, decide participar en el movimiento magisterial que derivó en la creación de las llamadas Bases Magisteriales. Situación que habría incomodado a las autoridades de la institución educativa, motivo por el cual trataron de despojarlo de su plaza laboral, al tiempo de obligarlo a solicitar “licencia”, es decir, separarlo del plantel.
En su largo peregrinar, Ortiz Cano presume que “a todos los secretarios (de Educación Pública local) he roto la prescripción, solicitándoles mi reingreso”.
Ignorados sus reclamos por las administraciones correspondientes, afirma el controvertido activista que fue el expresidente, Andrés Manuel López Obrador, quien intervino y ordenó al titular de la SEPE-USET, Homero Meneses Hernández, dar respuesta a su asunto.
La respuesta llegó desde hace tres años, un valioso documento que se convirtió en sustancia para “ir a juicio”. Durante ese lapso de tres años, y sustanciar el asunto ante cuatro tribunales, Parménides Ortiz asegura que “ya les gané”.
No obstante, después de ocho meses de haberse manifestado la resolución del caso, la autoridad competente no ha emitido el laudo correspondiente. Quizá esto de deba a que -especula el autonombrado “Comandante Referendum”- “ya se volvió un laudo millonario y no saben qué hacer con el caso de Parménides (Ortiz Cano)”.
“Por eso se denomina el juicio del siglo, empezó el siglo pasado y lo que va de este y nada”, dice.
Más allá de la controvertida personalidad que envuelve a Parménides Ortiz Cano, lo cierto es que las autoridades competentes han reconocido y admitido la validez de este asunto de carácter estrictamente jurídico-laboral, por lo que están obligados a emitir ya una respuesta definitiva y contundente, sea en uno u otro sentido.
De no ser así, y pretender alargar más el juicio, Ortiz Cano señala que entonces habrá de recurrir a acciones más extremas en señal de protesta, en las cuales su propia vida estaría en peligro.