Raúl Contreras Flores
A raíz de la exhibición pública que se ha hecho del titular de la Casa de las Artesanías de Tlaxcala (CAT), Saúl Pérez Bravo, a través de un video que circula en redes sociales en el que aparece presumiblemente en estado de ebriedad, el feroz linchamiento mediático no se ha hecho esperar. Medios de comunicación digitales, al igual que cientos de internautas han emitido con toda libertad sus letales comentarios acerca de este controvertido asunto.
Más allá de lo que en el estricto sentido laboral decida resolver la gobernadora Lorena Cuéllar, que, quizá a estas horas a Saúl Pérez Bravo ya lo “renunciaron”, el tema es mucho más complicado de lo que pudiera representar un funcionario borracho, o, peor aún, alcohólico para la imagen del gobierno. Y es que a este grave problema de salud pública se le trata con doble y hasta triple moral, dependiendo quien sea el borracho o alcohólico. Por ejemplo, para los viejos tlaxcaltecas no son un secreto los excesos en que incurría un fallecido exgobernador con severos problemas de alcoholismo, cuyo nombre por respeto no citaremos, quien para su círculo cercano le parecía hasta “gracioso” y “muy ameno”, y le festejaba todas sus ocurrencias sin emitir ningún comentario negativo, mucho menos de la prensa escrita en aquella época, la que lo publicitaba como un gobernador “honorable” y “respetable”. Para su buena fortuna todavía estaba muy lejana la aparición de los teléfonos celulares. Como este caso muchos más en gobiernos anteriores y posteriores junto con miembros de su gabinete legal y ampliado, incluyendo, por supuesto, a la actual administración morenista.
Es decir, esas prácticas poco o nada convencionales no han cambiado, por el contrario, lamentablemente han aumentado de manera exponencial dada la excesiva ingesta de alcohol, aunado al consumo de otras sustancias altamente adictivas. Bastaría con que se sometiera a exámenes toxicológicos a los empleados de gobierno y del magisterio, por citar sólo dos sectores, para darse cuenta de la magnitud real del problema de alcoholismo y drogadicción que se padece en la entidad.
De acuerdo a los resultados obtenidos en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2022 (Ensanut Continua 2022) representativa a nivel nacional y regional, el consumo de alcohol afecta al 55.5% de adultos y al 20.6% de adolescentes de entre 10 y 19 años de edad. Circunstancia que ubica a México en la lista de los 10 países en el mundo con la tasa más alta de mortalidad provocada por el consumo excesivo de alcohol vinculada a accidentes viales, además de provocar más de 60 enfermedades crónicas como cirrosis hepática, pancreatitis y diferentes tipos de cáncer, asimismo lesiones irreversibles.
No obstante este desolador panorama, en los tres órdenes de gobierno no existen programas integrales funcionales ni la infraestructura hospitalaria necesaria para enfrentar este delicado problema de salud pública. Hospitales de internamiento en donde los pacientes pudieran recibir atención integral a sus complicados problemas de salud mental, basada en el humanismo, respeto a su dignidad y derechos humanos, a partir de reconocer que en el caso del alcoholismo esta es una enfermedad incurable, progresiva y mortal desarrollada por muy variados factores. Por lo que requiere ser atendida por médicos especialistas en adicciones, psicología y psiquiatría, entre otras disciplinas médicas.
Lo único que tienen a la mano las familias de miles de enfermos con problemas de adicción son las clínicas de “rehabilitación” y centenas de los llamados “anexos”, la gran mayoría de éstos atendidos por personal sin preparación profesional ni capacitación alguna. Lugares en donde las muertes de enfermos provocadas por “infartos” suelen ser frecuentes, sin que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto. Se dice que inspectores de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Tlaxcala (Coeprist) sólo pasan por la “cuota”, y quienes no acceden sufren represalias, como la amenaza de clausurar los establecimientos por cualquier nimiedad encontrada.
En tanto que, en el Congreso del estado, la diputada Ana Bertha Mastranzo Corona, presidenta de la Comisión de Salud, ha privilegiado sus funciones de gestora y abandonado su función principal que es la de legislar y, en este caso específico, demandar el cumplimiento de la Ley de Salud Mental y del Comportamiento Adictivo del estado de Tlaxcala. La diputada morenista, quien aspira a ocupar la presidencia municipal de San Pablo del Monte, ningún pronunciamiento hizo cuando el gobierno lorenista anunció el derrumbe del antiguo Hospital General de Tlaxcala, el cual bien pudo haber sido acondicionado como un hospital de internamiento para atender las adicciones. Otra diputada que ha hecho pronunciamientos referentes a la atención de la salud mental es la hoy priista Sandra Aguilar, pero todo queda en meros discursos en tribuna, mientras los problemas de alcoholismo y drogadicción cada día aumentan más y más. Recordar que Tlaxcala se encuentra entre los estados en donde existe mayor consumo de alcohol y droga, en donde algunas sustancias superan el promedio nacional. Todo lo cual deriva desgraciadamente en muchas ocasiones en hechos delictivos y lamentables tragedias.
Así que, más que exhibir a un funcionario presumiblemente enfermo de alcoholismo, y hacer escarnio de su persona, lo verdaderamente importante es exigir a las autoridades competentes ofrezcan atención integral especializada a las miles de personas que, por circunstancias de la vida, enfrentan complicadas enfermedades de salud mental.
Como reza la cita bíblica: “el que esté libre de pecado que tire la primera piedra”.
Incluida gente “honorable” de medios de comunicación.