Lenin Calva: un escándalo que llega en medio de una universidad cuestionada, la UTT
Aquiles Castro
El costo político y social para Lorena Cuéllar, cargar con un borracho más dentro de su gabinete
Lo recientemente ocurrido con Lenin Calva Pérez, rector de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala (UTT), no puede analizarse como un simple episodio de diversión personal. Se convierte en un asunto de imagen pública cuando quien protagoniza el escándalo ocupa una responsabilidad institucional, representa al gobierno estatal y aparece en circunstancias que terminan exhibiéndose públicamente.
El problema para la administración de Lorena Cuéllar Cisneros es que este tipo de episodios no parecen ser hechos aislados en la conversación pública sobre sus funcionarios. Ya existen antecedentes de servidores públicos vinculados con señalamientos por consumo excesivo de alcohol, algunos de ellos difundidos mediante videos en redes sociales.
El caso del ex Diputado local Lenin Calva, vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿existe algún criterio de responsabilidad política y administrativa para quienes forman parte del gobierno estatal o basta con que el escándalo pierda fuerza en redes sociales para que todo continúe como si nada hubiera sucedido? Ese antecedente, compromete al gobierno estatal.
Hay un episodio que permite entender por qué el caso del rector de la UTT adquiere mayor dimensión política.
En octubre de 2025, Saúl Pérez Bravo, entonces director de la Casa de Artesanías de Tlaxcala, fue exhibido en un video en aparente estado de ebriedad, portando una prenda con distintivos oficiales y en una jornada en la que estaba programada una premiación para artesanos.
Las imágenes difundidas del funcionario que se encontraba tirado en el piso , sin zapatos completamente borracho, provocó cuestionamientos porque la ceremonia fue cancelada. Sin embargo, lo verdaderamente revelador fue la respuesta del gobierno estatal.
En su defensa del borrachin, el coordinador de Comunicación Social, Antonio Martínez Velázquez, informó que no habría sanción contra el funcionario y llegó a expresar que a cualquiera le podía pasar. Incluso pidió a los medios reflexionar sobre la difusión del video.
Ese antecedente resulta importante porque plantea una cuestión de fondo: ¿se está normalizando que los servidores públicos puedan protagonizar episodios de esta naturaleza sin que exista una revisión de sus responsabilidades?, parece que sí.
Además, publicaciones periodísticas de octubre de 2025 mencionaron otros nombres de funcionarios y colaboradores estatales, entre ellos el secretario de Desarrollo Económico (SEDECO) Javier Marroquín, el Coordinador de Giras de la Gobernadora, Santiago Domínguez, el ex titular del CONALEP Blas Marvin Mora y el director de Misiones Culturales de la SEPE J. Carmen Corona. Es importante distinguir que esos señalamientos no acreditan por sí mismos conductas ni responsabilidades individuales.
El video difundido el pasado 14 de noviembre de 2026 muestra a Lenin Calva Pérez saliendo del recinto ferial con dificultades para caminar, auxiliado por otras personas.
La publicación periodística atribuye su condición al consumo de alcohol; sin embargo, no se ha presentado públicamente ni habrá una prueba toxicológica ni una declaración del propio rector que permita establecer todas las circunstancias.
Lo que si hubo, fue la torpe defensa del mentiroso oficial, quien salió a desdeñar el suceso y se limitó en señalar que no habrá sanción para el rector de la UTT
Pero hay otro elemento que hace más delicada la situación.
La gestión de Calva ya venía enfrentando cuestionamientos internos. En mayo pasado, docentes, trabajadores administrativos y estudiantes de la UTT realizaron movilizaciones para exigir su salida, denunciando presunto hostigamiento laboral, irregularidades administrativas y problemas académicos.
Por tanto, el episodio de la feria no aparece en un escenario de tranquilidad institucional. Se suma a una rectoría que ya estaba bajo cuestionamiento de distintos sectores de su comunidad universitaria.
La pregunta no es solamente cuánto bebió o en qué condiciones salió de la feria. La pregunta es si el gobierno estatal está dispuesto a revisar integralmente el desempeño de quien tiene bajo su responsabilidad una institución educativa.
Y aquí aparece el problema político para Lorena Cuéllar.
Cuando un funcionario protagoniza un escándalo, la responsabilidad institucional no consiste en controlar los daños mediáticos, esperar a que se olvide el video o guardar silencio hasta que aparezca otra noticia.
Consiste en explicar, investigar cuando corresponda y establecer si hubo alguna falta administrativa.
La tolerancia frente a estos episodios puede terminar proyectando una imagen de permisividad. Y cuando esa percepción se repite, el costo deja de ser exclusivamente individual: alcanza a toda la administración.
Tampoco se trata de cuestionar que un servidor público tenga vida privada o derecho a divertirse. Cualquier funcionario puede acudir a una feria, convivir y consumir bebidas alcohólicas legalmente fuera de sus responsabilidades laborales.
Lo que debe examinarse es la responsabilidad que implica representar a una institución pública, el cumplimiento de sus obligaciones y, cuando corresponda, el uso de recursos públicos.
Mientras, la administración de Lorena Cuéllar enfrenta un problema de congruencia entre el discurso institucional y la conducta de algunos de sus integrantes.
No basta con promover una imagen de transformación, responsabilidad y compromiso con la ciudadanía si los episodios protagonizados por funcionarios terminan generando cuestionamientos que no reciben explicaciones satisfactorias.
Y en el caso de Lenin Calva hay una contradicción particularmente delicada: mientras una comunidad universitaria ha salido a las calles para reclamar atención a sus problemas, su rector termina siendo noticia por un video que lo exhibe en condiciones que han provocado críticas públicas.
La gobernadora Lorena Cuéllar tiene la facultad política de exigir explicaciones a quienes forman parte de su administración. La ciudadanía, por su parte, tiene derecho a conocer si existen criterios de evaluación y responsabilidades para sus colaboradores.
Porque gobernar no significa proteger a los funcionarios de los escándalos; significa garantizar que las instituciones estén por encima de los intereses personales de quienes temporalmente las dirigen.
El asunto de fondo no es prohibirles la fiesta a los funcionarios. Es evitar que la vida pública se convierta en una fiesta de impunidad mientras las responsabilidades institucionales quedan en segundo plano, mientras que el costo político y social, alguien lo habrá de cargar.
