La Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala expresa su más enérgica condena ante los hechos ocurridos en el municipio de Xaltocan, donde el presidente municipal, José Luis Hernández Vázquez, condicionó el ejercicio de la labor periodística a la presentación de una “licencia de funcionamiento municipal”, requisito inexistente en la legislación estatal y federal.
Dicha pretensión constituye una clara violación a la libertad de expresión y al derecho a la información, derechos fundamentales consagrados en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los tratados internacionales ratificados por México. Ninguna autoridad municipal tiene competencia para regular, autorizar o limitar el trabajo de los periodistas y medios de comunicación.
Resulta particularmente grave que, frente a cuestionamientos legítimos sobre la opacidad en la administración municipal, el cumplimiento de obligaciones de transparencia y las irregularidades reportadas en materia de seguridad pública —específicamente el emplacamiento y regularización de las patrullas—, el edil haya optado por descalificar al medio “ContraPoder” en lugar de proporcionar respuestas claras y documentadas a la ciudadanía que representa.
Es un hecho verificado que en el portal oficial de transparencia del Ayuntamiento de Xaltocan no se encuentra publicada información obligatoria, tales como las declaraciones patrimoniales del alcalde y de los funcionarios, así como los contratos de adquisición de bienes y servicios celebrados por la actual administración. Esta omisión contraviene la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la legislación estatal en la materia.
La Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala reitera su pleno respaldo al medio ContraPoder y a todos los periodistas que cumplen con su función social de fiscalizar el ejercicio del poder público. Exigimos al presidente municipal José Luis Hernández Vázquez:
1.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que pretenda intimidar, condicionar o limitar el trabajo de la prensa en Xaltocan.
2.- Cumplir de manera inmediata y completa con las obligaciones de transparencia que le impone la ley.
3.- Transparentar la situación real de los vehículos de seguridad pública y avanzar en su regularización y emplacamiento.
Hacemos un llamado respetuoso pero firme al Gobierno del Estado de Tlaxcala, al Congreso local y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que atiendan este caso y garanticen que no se repitan acciones que atenten contra las libertades informativas en nuestra entidad.
La democracia tlaxcalteca requiere gobiernos transparentes y una prensa libre que pueda ejercer su labor sin presiones ni condicionamientos.
Atentamente
Martín Rodríguez Hernández
Presidente UPET
