Raúl Contreras Flores
A pesar de la larga serie de hechos violentos que se han registrado en los últimos días en varios puntos geográficos del territorio tlaxcalteca, en los que presumiblemente estarían involucrados miembros de la delincuencia organizada, el gobierno que encabeza la neomorenista Lorena Cuéllar Cisneros opta por el silencio cómplice y el despliegue de cortinas de humo, con el descarado propósito de pretender ocultar la profunda crisis que se vive en materia de seguridad, la que lastima a cientos de familias.
De muy poco o nada han servido los reiterados señalamientos hechos por el Gabinete de Seguridad federal y organismos internacionales como la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), quienes refieren la presencia significativa de grupos criminales en el estado de Tlaxcala. Mientras que los reportes oficiales de la administración lorenista niegan o minimizan la presencia de cárteles, aunque la nota roja que da cuenta de homicidios dolosos, feminicidios, cadáveres hallados, robo de hidrocarburos, narcomenudeo, presencia de narcolaboratorios, asaltos, robo de vehículos y autopartes, robos a domicilios y la violencia extrema a diario la abofetee. Y, aunque se pregone la “coordinación” con las fuerzas armadas federales para enfrentar a los grupos delincuenciales, los resultados han sido nulos. Prueba de ello es la violencia desatada recientemente en los municipios de Calpulalpan y Tepetitla, entre otros, hoy dominados por grupos generadores de violencia protegidos, se dice, por las mismas autoridades municipales. La implementación de una “Operación Enjambre” en la entidad es más que necesaria.
En estos actos de omisión y ocultamiento de información, aparte de la “carnala” Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), a cargo de Ernestina Carro Roldán, juegan un papel preponderante los medios de comunicación oficiales: la Coordinación de Comunicación (Ccom) y la Coordinación de Radio, Cine y Televisión (Coracyt). En la primera de éstas han preferido llevar a cabo burdos remedos de ruedas de prensa denominadas “Diálogo Circular”, en las que el titulare del área se ha convertido en la “estrella” de la tragicomedia periodística oficial, cuyos chistes de pésimo gusto son festejados y aplaudidos por algunos corifeos que por esas oficinas deambulan, en lugar de abrir espacios plurales y promover debates -no a modo-, con los funcionarios lorenistas y poder ofrecer información más apegada a la realidad que se vive en Tlaxcala.
En tanto que, en la Coracyt, su voraz titular, autodenominada “doctora honoris causa” (sic), prefiere presumir el nuevo “premio” obtenido por la radio y televisión estatales como “reconocimiento” a la labor desarrollada en “beneficio” de la sociedad tlaxcalteca. Sólo habría que preguntarle cuál ha sido el destino de los 100 millones de pesos ofrecidos por el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador, para “rescatar” y “relanzar” a la Coracyt. Dependencia que, en manos de la “doctora” (resic), había transferido Radio Altiplano 96.5 FM a la empresa periodística El Heraldo Media Group, y perdido la concesión de la televisora estatal, la cual fue recuperada mediante negociación establecida con el Instituto Politécnico Nacional (IPN), a quien ya le había sido asignada tal concesión.
De esta manera, a más de cuatro años y medio de gobierno de la expriista, la comunicación social oficial goza de total descrédito, empantanada en la opacidad, la omisión, los desmedidos elogios y alabanzas a “la patrona”, y la presunta malversación y desvío de recursos públicos que habrían generado ya nuevos funcionarios millonarios.
Y, mientras Tlaxcala se sigue tiñendo de sangre y decenas de hogares son vestidos de luto, el gobierno de Lorena Cuéllar impulsa impúdicamente la adelantada campaña electoral de Alfonso Sánchez García rumbo a la gubernatura.