La crisis política que atraviesa el municipio de Santa Catarina Ayometla se ha agudizado tras la destitución ilegal de la síndica municipal Chantal Cortés Díaz, ordenada por el Presidente Municipal David Cortés Cuchillo alias el Gato, quien en sesión de cabildo, sin tener facultades legales para ello, relevo a la representante legal de ese Ayuntamiento en contubernio con todos los integrantes del cabildo y aunque se pidió al Congreso del Estado su intervención, ha tenido miedo de proceder en consecuencia.
Es de recordar que, el pasado martes 24 de febrero del año en curso, David Cortés Cuchillo junto con la mayoría de los integrantes del cabildo, promovieron la separación del cargo de la síndico municipal mediante una sesión extraordinaria de cabildo en la que incluso se tomó protesta a otra persona para ocupar el puesto, bajo el argumento de una supuesta licencia al cargo que la funcionaria destituida nunca solicitó.
No obstante de esa acción, Cortés Díaz fue electa por voto popular para el periodo 2024-2027, y de acuerdo a la Ley municipal, ni el alcalde, ni el cabildo tienen facultades legales para destituirla del cargo, ya que la remoción de un integrante del Ayuntamiento corresponde al Congreso del Estado mediante un proceso Legislativo que no se ha llevado a cabo por la Comisión Instructora de Juicio Político y desafuero.
Aunado a lo anterior, la síndica también denunció que se le impidió el acceso a su oficina dentro de la presidencia municipal tras el cambio de chapas y la toma de protesta de su suplente, lo que calificó como un acto de obstrucción al ejercicio de sus funciones y violencia política en razón de género.
El conflicto entre la funcionaria y la administración municipal no es reciente. Desde 2025, Cortés Díaz ha denunciado hostigamiento y diversas irregularidades administrativas dentro del ayuntamiento, además de presuntas anomalías financieras que, asegura, motivaron represalias en su contra.
A pesar de que el caso ya fue expuesto ante instancias como el Congreso del Estado de Tlaxcala, hasta el momento no se ha observado una acción contundente por parte del Poder Legislativo local para esclarecer los hechos o determinar la legalidad de la supuesta destitución.
En consecuencia la falta de pronunciamiento del Congreso podría interpretarse como una omisión ante una posible violación al orden constitucional y a los derechos políticos de una funcionaria electa por la ciudadanía.
Mientras tanto, el conflicto continúa escalando en Ayometla y se espera que en los próximos días se definan acciones legales y políticas en contra de todos los miembros del cabildo que promovieron ese acto ilegal, ya que al haber aprobado la separación del cargo de la síndico municipal, constituye un acto de abuso de poder dentro del gobierno municipal el cual amerita sanciones penales y administrativas.
