Raúl Contreras Flores
A pesar de haber iniciado una muy adelantada campaña electoral orientada a obtener la candidatura de Morena para Alfonso Sánchez García rumbo a la gubernatura del estado, los malos resultados obtenidos en las preferencias entre el electorado tlaxcalteca han provocado fuerte preocupación y desesperación en el selecto grupo de dinásticos políticos y funcionarios públicos que encabeza la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.
Ni el abuso impune de la utilización del aparato gubernamental y el presunto desvío de recursos de los erarios estatal y municipal aplicados en la intensa campaña emprendida en medios de comunicación impresos y digitales, en redes sociales, las pintas en bardas, lonas, publicación de pasquines, entrevistas, videos y calcomanías, han podido levantar la figura de un blandengue aspirante a candidato a gobernador.
Acciones ilegales a las que se han sumado dóciles funcionarios del Poder Judicial local y algunos incondicionales diputados del Congreso del estado. Sólo que las benditas redes sociales se han encargado de demostrar crudamente el profundo rechazo que una significativa mayoría de ciudadanos le expresa al infuncional presidente municipal capitalino, Alfonso Sánchez García.
No obstante, la necedad de su principal promotora, fuera de control, pasa por encima de las leyes y reglamentos establecidos constitucionalmente, sin que los organismos electorales federal y local (INE-ITE) atinen a actuar en consecuencia y parar la desigual competencia electoral, cuyos comicios habrán de llevarse a cabo el domingo 6 de junio de 2027.
Y, es tan grave la intromisión de la estructura del gobierno lorenista que, de acuerdo a denuncias de burócratas hechas llegar a la redacción de este medio, cuyos nombres mantendremos en el anonimato por obvias razones, se les estaría obligando a participar activamente en las redes sociales con comentarios y likes en favor del hijo del exgobernador Alfonso Sánchez Anaya.
Tal es el caso de lo que sucede en el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala (Icatlax), a cargo del exdiputado perredista local, Juan Javier Potrero Tizamitl, compañero de Lorena Cuéllar Cisneros, exdiputada plurinominal, en la LX Legislatura local. Dependencia en la que, presuntamente, están obligando a los trabajadores a entregar los números de sus cuentas y claves de sus redes sociales para revisar sí cumplen con publicar los comentarios dictados por sus superiores a lo largo del día y durante toda la semana, es decir, 24×7. La amenaza, en caso de incumplimiento, es que se quedarían sin empleo y sin indemnización alguna.
Caso que se repite en otras dependencias estatales. En un sondeo efectuado por este medio en diferentes oficinas gubernamentales los resultados son similares. Trabajadores obligados a asistir a eventos encabezados por el alcalde capitalino, a los cuales tienen que llevar en promedio a 10 personas más; interactuar a su favor en las redes sociales; dejar en manos de sus superiores el control de sus redes; amenazas de despido de su fuente de empleo en caso de incumplir las órdenes o pronunciarse en favor de otros aspirantes a la candidatura al gobierno del estado.
Cochinero que ya es del conocimiento de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján. De tal manera que se espera que, al menos, en los próximos días sea separada del cargo la dirigente estatal morenista, Marcela González Castillo, esposa de Alfonso Sánchez García, al encontrarse en evidente conflicto de intereses.
Mientras tanto, se sigue dirimiendo en los más altos mandos si en Tlaxcala la sucesión gubernamental se va a regir por la alternancia de género o no. Y si podría aparecer un candidato, tercero en discordia, enviado desde Palacio Nacional para poner orden en la entidad. Ya se verá.