Mientras que en Europa se condena la gestación subrogada, en Tlaxcala se pretende “regular”.
El pasado 5 de noviembre, Héctor Israel Ortíz Ortíz, diputado por el Partido Alianza Ciudadana (PAC), realizó en el Congreso del Estado de Tlaxcala un Foro, en el que anunció que presentará ante la actual legislatura una iniciativa que busca reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Civil estatal en materia de técnicas de reproducción humana asistida y gestación subrogada, argumentando que “esta práctica no debería prohibirse, sino regularse garantizando el principio superior de la niñez y la protección integral de todas las partes involucradas”.
El 13 de noviembre, tan sólo 8 días después de que Héctor Israel Ortíz Ortíz anunciara su intención de presentar dicha iniciativa, el Parlamento Europeo instó a su Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género a que “adopte medidas para contribuir a poner fin a este fenómeno”, argumentando que la gestación subrogada “implica la explotación reproductiva y la utilización del cuerpo de la mujer para obtener beneficios económicos o de otra índole, especialmente en lo que respecta a mujeres particularmente vulnerables de terceros países”.
Los argumentos brindados por el diputado del PAC, omiten la violencia contra las mujeres que acarrea esta práctica y ocultan que su “regulación” no es otra cosa que la legitimación de un negocio millonario que se hace con los cuerpos de las mujeres. Las cifras son las siguientes:
El informe Surrogacy Market Share Report 2025 muestra que la industria de la gestación subrogada alcanzó los 6 mil millones de dólares en 2018 y para 2025 se proyecta que supere los 27.5 mil millones. Por su parte, Reem Alsalem, Relatora Especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer y la niña, en su informe presentado el pasado mes de julio, establece que, en 2023, el mercado mundial de la reproducción subrogada estaba valorado en 14.950 mil millones de dólares y se prevé que para 2033 alcanzará los 99.750 mil millones de dólares.
Reem Alsalem, advierte sobre las consecuencias y los tipos de violencia que involucra la reproducción subrogada. Entre las consecuencias destacan: el refuerzo de los estereotipos sexistas y mercantilización del cuerpo femenino; el aumento de la demanda; y el aumento de la marginación y la vulnerabilidad. Mientras que los tipos de violencia que implica esta práctica son: violencia económica; psicológica; física; reproductiva; y, la esclavitud y la trata. La relatora señala que los autores de la violencia son:
Las agencias de reproducción subrogada y los intermediarios; las clínicas de fecundidad; los profesionales médicos cometen actos que constituyen violencia obstétrica y reproductiva, así como, intervenciones médicas invasivas innecesarias o coercitivas; los familiares o amigos de las mujeres las chantajean emocionalmente para que “los ayuden” a tener un hijo; los progenitores comitentes; y el propio Estado, por permitir que la violencia contra las mujeres sea legal a partir de legislar y autorizar que se lucre con los cuerpos de las mujeres, además de que, en algunos casos, es el autor directo de violencia física, por ejemplo, en Camboya “se han denunciado casos de mujeres detenidas y obligadas a dar a luz esposadas”.
Héctor Israel Ortíz Ortíz mencionó que “la regulación debe garantizar el interés superior de la niñez”, pero esto es imposible en una práctica que de origen se sustenta en la violación a los Derechos Humanos. Reem Alsalem describe que las niñas y niños nacidas/os mediante reproducción subrogada enfrentan la mercantilización y son tratados como objetos pasivos de un acuerdo entre adultos, es decir, son tratadas/os como mercancía. Además de que existen repercusiones en sus vidas como los riesgos a la salud; riesgos psicológicos, entre los que destacan los conflictos de identidad; corren el riesgo de ser abandonadas/os, especialmente si nacen con alguna discapacidad; tienen el riesgo de ser víctimas de trata de personas, se han documentado casos de tratantes que “encargan” niñas/os para incorporarles a la explotación desde su nacimiento; y, pueden ser sujetas/os de discriminación, además de enfrentar problemas de legalidad, ya que los arreglos internacionales pueden dificultar el reconocimiento de la filiación y la nacionalidad, lo que plantea el peligro de que se vuelvan apátridas. En síntesis, el informe de la Relatora argumenta que no existe el “derecho a obtener un/a hijo/a” y que, en la práctica, la maternidad subrogada cosifica a mujeres y niños/as, además de normalizar la ruptura del vínculo perinatal.
Con los argumentos anteriores, sostenemos que el hecho de que en Tlaxcala se pretenda regular la reproducción subrogada, es grave. La iniciativa se inserta en un contexto en el que se viven nuevas formas de colonización y extractivismo sobre los cuerpos de las mujeres y los territorios. Tlaxcala no es la excepción, de hecho, es un ejemplo del despliegue del neoliberalismo. Mientras se protegen los derechos humanos de las mujeres europeas, las mujeres en Tlaxcala son vulnerables de que se legisle sobre sus cuerpos para mercantilizar la reproducción.
Tlaxcala es un paradigma mundial de la explotación sexual, el estado lleva más de 70 años atravesando por un proceso de proxenetización que ha derivado en el despliegue de una cultura proxeneta, que tiene impactos en al menos 40 de los 60 municipios del estado, mientras que en otros17 estados de la república mexicana se han captado mujeres y en otros 21 las explotan sexualmente, así como en al menos 8 ciudades de Estados Unidos donde también explotan a las víctimas. La negativa del Gobierno del Estado para reconocer la existencia de la trata de niñas, adolescentes y mujeres adultas con fines de explotación sexual, agrava la problemática y reproduce la violencia feminicida. Es en este contexto que se pretende presentar una iniciativa que avala la explotación, convirtiéndola en un negocio legal. Este fenómeno se conoce como crimilegalidad, lo que implica que prácticas criminales se conviertan en legales. En contextos de violencia estructural y feminicida, no puede haber consentimiento, ya que está condicionado por la presión económica, las reglas del mercado y las decisiones de médicos, agencias e intermediarios.
Si la iniciativa se presenta, Tlaxcala será ejemplo de la violación sistemática de los derechos humanos de las mujeres en la Región de América Latina y El Caribe y se fortalecerá el Estado proxeneta desde lo local y a nivel mundial.
Condenamos cualquier iniciativa que pretenda regular la gestación subrogada y hacemos un llamado a la sociedad para que se sumen a la defensa de los derechos humanos de las mujeres. No se puede permitir que se legalice la violencia reproductiva en Tlaxcala. No se puede permitir que se haga negocio con la reproducción, la vida y los cuerpos de las mujeres.
Hacemos un llamado al poder legislativo del estado de Tlaxcala para que en base al principio pro-persona se respeten los acuerdos y convenciones internacionales suscritas por México, como la CEDAW y Belém do Pará, comprometiéndose a respetar y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
No podemos permitir que, mientras crece la concientización internacional sobre las violencias que implica la gestación subrogada, en Tlaxcala se pretenda normalizar la mercantilización y venta de los cuerpos de las mujeres.
OBSERVATORIO LATINOAMERICANO SOBRE TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS (observaLAtrata)
Organizaciones de Tlaxcala integrantes del capítulo mexicano del observaLAtrata:
– Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local, A.C.
– Colectivo Mujer y Utopía A.C.
Academia comprometida contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.
