Ley 3 de 3 contra la violencia impide que personas que hayan sido declaradas culpables de violencia familiar, violencia sexual, o que sean deudoras de pensiones alimenticias, puedan ocupar cargos de elección popular o empleos públicos.
A pesar de que no ha concluido el proceso que enfrenta el primer regidor en el municipio de Tlaxcala Alejandro Alonso “N”. quien fuera acusado de golpear a su esposa y privarla de su libertad, el representante popular insiste en querer ser reinstalado en el cargo ya que así lo acordó con el secretario del Ayuntamiento y además de que viola sus derechos constitucionales, vulnera su patrimonio y sustento familiar.
Fue a través de un documento que el regidor con licencia envió al alcalde capitalino Alfonso Sánchez García, recibido el pasado 21 de octubre del año en curso en el despacho del edil, en el cual, Alejandro Alonso “N” le exigió al edil ser reinstalado como lo mandato un resolutivo del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET).
Agregó en el escrito que, fue en la sesión ordinaria de cabildo realizada el pasado 6 de octubre del 2025 cuando ya fue aprobado su regreso por el cabildo, sin embargo, a la fecha no se ha cumplido el mismo; “…se aprobó mi reinstalación como primer regidor”.
El ex priista detalló en su escrito, que ha tenido reuniones en lo oscurito con Víctor Hugo Gutiérrez Morales secretario del Ayuntamiento para acordar su reinstalación en el cargo, solo que no han fructificado los acuerdos “…no he tenido repuesta favorable”.
En el documento que signó el violento regidor, quien se ha pasado por alto los señalamientos de violencia de género en su contra luego de haber sido acusado de golpear a su esposa y privarla de su libertad, que de acuerdo a la Ley 3 de 3 no tendría derecho a ostentar el cargo, se aventó la puntada de exigir un salario cuando en los hechos no ha trabajado.
“…No se me han pagado las remuneraciones a que tengo derecho como primer regidor”
De acuerdo a la “Ley 3 de 3 contra la violencia” Busca proteger a las mujeres y garantizar el acceso a una vida libre de violencia, creando espacios públicos más seguros y fomentando la ética en la política.
La reforma constitucional en México impide que personas que hayan sido declaradas culpables de violencia familiar, violencia sexual, o que sean deudoras de pensiones alimenticias, puedan ocupar cargos de elección popular o empleos públicos.
En la referida Ley, enmarca aspectos claves que ya están vigentes en la entidad tlaxcalteca como la Prohibición de cargos públicos: Impide que agresores de mujeres, deudores alimentarios y agresores sexuales sean postulados o designados para cargos de elección popular y cualquier empleo en el servicio público (federal, estatal o municipal).
La medida aplica tanto para quienes aspiran a un cargo público como para quienes ya ocupan uno, y se extiende a toda la estructura administrativa, incluidos jueces, magistrados o ministros.
Pese a lo anterior, el agresor representante popular, reclamó que además de que no le han pagado y le vulneran sus derechos como regidor, el no regresarlo al cargo provoca “…detrimento de su patrimonio y sustento familiar”, de ahí que exigió al Presidente Municipal, sea reinstalado a la brevedad a sus funciones como primer regidor, después de los vergonzosos actos que enfrenta desde marzo del 2025.
