Raúl Contreras Flores
El exacerbado pragmatismo en el que incurrió el expresidente Andrés Manuel López Obrador, observado con la incorporación indiscriminada de cuestionados liderazgos para fortalecer su movimiento político-social y, al mismo tiempo, debilitar a sus acérrimos adversarios políticos para impedir que cometieran otro fraude electoral (1988 y 2006), lo que le permitiría asegurar el triunfo en su tercer intento por llegar a la Presidencia de la República, le llevó no tan sólo a permitir, sino incluso a alentar la llegada a Morena de los más distintos especímenes de la política partidaria. Desde entonces, a las filas morenistas se ha incorporado una larga lista de impresentables políticos de prácticamente todos los partidos, principalmente del PRI, PAN y del extinto PRD, a los que se suma otra cauda de oportunistas militantes de casi todos los partidos locales.
Lograda la victoria en las elecciones del 2018 que llevaron de manera inobjetable a la Presidencia de la República a Andrés Manuel López Obrador, desde donde ejerció un férreo control del partido de su creación, hoy las circunstancias han dado un giro en sentido negativo. Los conflictos de interés al interior del partido guinda y el descontento social en varias entidades gobernadas por políticos neomorenistas son cada vez mayores.
Gobiernos en donde privan la corrupción, la impunidad, el nepotismo, la insensibilidad, el abuso de poder y, en algunos casos, su presunta complicidad con grupos criminales.
Por otro lado, se encuentran las mafias lideradas por representantes populares o funcionarios públicos que, ante la desaparición de la arena política y de la vida pública de quien les dio cobijo en su proyecto político, hoy ejercen presión y toman decisiones unilaterales en busca de privilegios que contravienen los postulados del lopezobradorismo. Aquel “no robar, no mentir y no traicionar”, no es más que letra muerta para esta clase de políticos, entre los que destacan el muy cuestionado coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila; Pedro Miguel Haces Barba, considerado su “brazo derecho” en la misma Cámara, nefasto líder sindical y dueño de Fuerza por México (FxM), quien ha sido acusado de cometer una serie de delitos tomando como ariete a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM). Le siguen, David Monreal Ávila, gobernador de Zacatecas; Saúl Monreal Ávila, senador y aspirante a suceder a su hermano en la gubernatura; Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa; Salomón Jara Cruz, mandatario estatal de Oaxaca; Alejandro Armenta Mier, titular del Ejecutivo en Puebla; y Lorena Cuéllar Cisneros, gobernadora de Tlaxcala, por citar algunos ejemplos.
Aunque en estos últimos días han acaparado la atención de la opinión pública los sonados casos del exgobernador de Tabasco y actual coordinador de Morena en el Senado de la República, Adán Augusto López Hernández, y el contrabando de combustibles a gran escala –malamente llamado “huachicol fiscal”-, llegado de los Estados Unidos a nuestro país, en el que estarían implicados familiares indirectos de José Rafael Ojeda Durán, ex secretario de Marina en el gobierno de López Obrador.
Tras el escándalo suscitado a raíz de que saliera a la luz pública el caso de Hernán Bermúdez Requena, a quien se le vincula con el grupo criminal “La Barredora”, el también ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, se encuentra sometido a severos cuestionamientos de los que cada vez le es más difícil dar respuesta con argumentos convincentes, tal como lo hace con su pretendida justificación de cómo fue que pudo amasar una fortuna de 79 millones de pesos en los últimos dos años.
Vale recordar que Bermúdez Requena fue nombrado secretario de Seguridad Pública por López Hernández en el 2019, a pocos meses de haber asumido la gubernatura. Esto a pesar de que desde administraciones anteriores existían sendos señalamientos de su presunta participación en grupos criminales. Incluso, el hackeo a los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional cometido por Guacamaya Leaks, puso al descubierto informes de inteligencia del año 2021 en el que se denunciaban los presuntos vínculos de Bermúdez Requena con grupos de la delincuencia organizada.
Y, si bien es cierto que durante su permanencia en el cargo el porcentaje de homicidios dolosos disminuyó en el territorio tabasqueño, también es cierto que otros delitos incrementaron su incidencia. Por lo tanto, ante la creciente ola de robos, extorsiones, cobro de derecho de piso y violencia, en enero de 2024, Hernán Bermúdez presionado por el gobernador interino, Carlos Manuel Merino Campos, presentó su renuncia como titular de la Secretaría de Seguridad Pública.
A partir de los indicios encontrados y existir altas probabilidades de ejercer acción penal en su contra, el ex secretario de Seguridad decidió huir al extranjero. Después de varios meses de búsqueda, con apoyo de la Interpol fue localizado en Paraguay, y al haber cometido graves irregularidades en su internamiento en aquel país, fue expulsado de inmediato y traído de regreso a México en calidad de detenido. Tras ser vinculado a proceso por un juez de control de Tabasco, bajo los delitos de asociación delictuosa, secuestro agravado y extorsión, el presunto líder de “La Barredora” seguirá recluido en el penal federal de máxima seguridad de El Altiplano. Aunque aún faltan los cargos que decida presentar la Fiscalía General de la República.
Frente a este negro panorama provocado por sus mismos “compañeros” de partido se enfrenta a diario la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Si bien, gracias al extraordinario trabajo que realiza le ha merecido recibir el reconocimiento de personalidades de distintas partes del mundo, de diferentes ideologías y credo político, esfuerzo y convicción que le permite a Morena seguir en el ánimo de la mayoría de ciudadanos, quizá haya llegado el momento de hacer a un lado a esa vieja clase política, ese pesado lastre que más que fortalecer, hoy provoca graves conflictos sociales y división profunda entre la militancia morenista. Quizá sea el momento de iniciar con la extirpación de las dinastías que siempre han ostentado el poder público y en cada proceso electoral colocan a familiares y amigos para satisfacer intereses meramente personales mediante el brutal saqueo del erario.
Ciertamente, la tarea no es nada fácil, perder la mayoría calificada en ambas Cámaras dificultaría concretar las reformas constitucionales necesarias para el proyecto de Nación propuesta por la Presidenta de México, los mercenarios de la política se venderían al mejor postor.
Sin embargo, algo tendrá que hacer la Presidenta que cuenta con cerca del 80 por ciento de aprobación en su primer año de gobierno.