La Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala (UPET) expresa su respaldo y solidaridad a los comunicadores de los medios locales que este 11 de septiembre de 2025 sufrieron una agresión física directa de parte del equipo del presidente municipal de Mazatecochco, Emilio González Cortés, durante el intento legítimo de ejercer su labor periodística frente al Palacio de Gobierno de Tlaxcala.
Los hechos, ocurridos al término de la ceremonia de izamiento de bandera, no solo representan un atentado contra la integridad de los reporteros, sino un grave retroceso en el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información de la ciudadanía tlaxcalteca, que aun siendo atestiguado por el munícipe no evitó las agresiones a las compañeras y compañeros de los medios.
Los periodistas presentes, buscaron obtener la postura del Presidente Municipal de Mazatecochco, Emilio González Cortés, respecto a señalamientos públicos de suma gravedad: acusaciones de violencia política por razón de género interpuestas por la regidora Anayeli González Castro; presuntos actos de misoginia contra regidoras y presidentas de comunidad; y excesos en el cabildo, incluyendo la presunta ingesta de bebidas alcohólicas en sesiones oficiales.
Estas indagaciones no eran provocaciones, sino preguntas esenciales para el escrutinio público de la gestión municipal, en un contexto de transparencia que la ley exige.
Sin embargo, en lugar de un diálogo abierto, el alcalde optó por una huida escoltada: rodeado de policías municipales y colaboradores de su administración, se abrió paso mediante empujones y jaloneos que impidieron físicamente el acercamiento de los reporteros y foto periodistas.
Algunos de estos actos fueron transmitidos en vivo, con grabadoras y micrófonos en mano, lo que evidencia no solo la cerrazón informativa, sino una obstrucción violenta al ejercicio periodístico.
Esta conducta no es aislada: refleja un patrón de limitación arbitraria a la libertad de prensa, que genera inconformidad generalizada entre los comunicadores y atenta contra el principio de rendición de cuentas.
La UPET denuncia que tales acciones equivalen a una censura de facto, violatoria de los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y exigimos una investigación inmediata por parte de las autoridades competentes para esclarecer responsabilidades y evitar impunidad.
En respuesta a estos eventos, el munícipe Emilio González Cortés emitió un comunicado en sus redes sociales, argumentando “ejercicio de su derecho de réplica”.
Lamentablemente, este texto no solo evade las preguntas pendientes, sino que distorsiona los hechos de manera deliberada, vertiendo afirmaciones que no se ajustan a la realidad vivida por los periodistas. Como gremio, desmontamos punto por punto estas inexactitudes:
1-“Fui abordado por representantes de diversos medios, a quienes reitero mi reconocimiento y respeto por su trabajo de informar.”
La realidad es opuesta: no hubo un “abordaje” sino el cuestionamiento natural y en respuesta se observó una intervención agresiva por parte del séquito del alcalde para bloquear cualquier interacción. Los reporteros no “abordaron” de forma hostil; esperaban en un espacio público para formular preguntas legítimas.
El “respeto” invocado choca con los empujones documentados, que ponen en duda la veracidad de esta declaración y revelan una hipocresía que desacredita su autoridad moral.
2. “No se han generado las condiciones adecuadas para un diálogo pacífico y constructivo… se ha privilegiado tratar asuntos de carácter polémico.”
Aquí radica la principal mentira: los “asuntos polémicos” no son invenciones sensacionalistas, sino denuncias formales y verificables que afectan la gobernanza de Mazatecochco y los derechos de las mujeres en el cabildo.
Los periodistas no “privilegiaron” la polémica; ejercieron su rol como miembros de la prensa ante irregularidades graves. Culpar a la prensa de la falta de “condiciones adecuadas” es una maniobra evasiva que invierte la responsabilidad: fue el alcalde quien, mediante fuerza física, impidió cualquier posibilidad de diálogo.
3. “He decidido abstenerme de emitir declaraciones públicas en este momento… Reitero mi disposición para que, en un marco de respeto y civilidad, podamos dialogar.” Esta “disposición” suena hueca ante la evidencia de cerrazón. El alcalde huyó sin ofrecer una sola palabra.
Invocar “paz social” y “civilidad” mientras se permite que su equipo agreda a la prensa es una contradicción flagrante.
El comunicado, lejos de aclarar, siembra confusión y ataca indirectamente la credibilidad de los medios, un tacticismo que la UPET rechaza categóricamente.
Exigimos que el munícipe retracte estas distorsiones y responda públicamente a las acusaciones pendientes, sin intermediarios ni excusas.
La UPET reafirma su compromiso con la defensa de la prensa local y hace un llamado a las autoridades estatales y federales —incluyendo la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para que investiguen estos hechos y garanticen la seguridad de los periodistas.
No permitiremos que la agresión y la desinformación oficial silencien la verdad. La libertad de prensa no es negociable; es un derecho irrenunciable que protege a todos.
Atentamente
Martín Rodríguez Hernández
Presidente de la UPET
