Uno de los involucrados directos por la muerte de un ciudadano que permaneció por las de 38 días en huelga de hambre frente a Palacio de Gobierno de Veracruz tras no ser recibido por la Gobernadora de esa entidad Rocío Nanhle, sería progenitor del Secretario Administrativo del Congreso del Estado de Tlaxcala, Gonzalo Guízar Vázquez gente cercana al secretario de Gobierno (SEGOB) Luis Antonio Ramírez Hernández.
Y es que tras el deceso de Ricardo Ordóñez, quien fue originario de Coatzacoalcos Veracruz, falleció el pasado martes 15 de julio del presente año, luego de permanecer encadenado durante 38 días a una luminaria en la Plaza Lerdo, frente al Palacio de Gobierno de Veracruz.
“Soy Ricardo Ordoñez…sin tomar agua, sin comer…hasta ser atendido por la Gobernadora, no me discrimine como la Fiscalía”.
El hoy occiso mantenía una huelga de hambre como forma de protesta ante la indiferencia institucional que duró poco más de un mes hasta que perdió la vida después de que sufría amenazas de muerte por un aparente familiar del Secretario Administrativo en el Congreso del Estado de Tlaxcala.
“Me amenazaron de muerte por denunciar a la Fiscalía en Coatzacoalcos. Las familias que denuncie tienen de familia a Fiscales…son familias de del Diputado Gonzalo Guízar Valladares…” se alcanza a leer en la cartulina que, justificaba su estancia en la calle.
Ricardo Ordóñez quien en vida pidió ser recibido por la gobernadora Rocío Nahle García quien no tuvo la disponibilidad de atender a uno de sus gobernados, para denunciar un presunto fraude inmobiliario que según él lo dejó en situación de vulnerabilidad y bajo amenazas de muerte, también, también fue ignorado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz, la cual no le brindó protección.
La información de su deceso, se ha viralizado en entidades cercanas y en gran parte del país lo que ha generado una ola de indignación por la insensibilidad del Gobierno del Estado en manos de MORENA después de que no hubo acercamiento por parte de la Gobernadora, ni de sus funcionarios más cercanos.
Esa situación ha provocado diversos llamados de la opinión pública para realizar una investigación urgente, ya que contradice el mensaje gubernamental además de que viola derechos Constitucionales como el derecho a la protesta.
“El derecho a la protesta es reconocido como un derecho fundamental tanto a nivel nacional como internacional, derivado de la libertad de expresión y reunión pacífica. Implica la facultad de expresar públicamente ideas, opiniones y visiones de disenso, oposición, denuncia o reivindicación, ya sea de forma individual o colectiva”.
Además que es una obligación de los gobiernos en turno; “Los Estados tienen la obligación de respetar, facilitar y proteger este derecho, permitiendo la realización de protestas pacíficas y absteniéndose de interferir en ellas, a menos que exista una amenaza legítima para la seguridad y los derechos de otros”.
Aunado a lo anterior, tampoco se tuvo conocimiento de algún pronunciamiento por parte de la Comisión de los Derechos Humanos en el Estado de Veracruz, toda vez que el hoy occiso fue invisible para ese organismo defensor de los derechos humanos.
Cabe hacer mención que en la publicación que acompañaba al hoy occiso, responsabiliza del aparente tráfico de influencias, al ex Diputado Federal Gonzalo Guízar Valladares quien se sabe es padre de Gonzalo Guízar Vázquez secretario administrativo en el Comité de Administración de la LXV Legislatura que preside el Diputado local Vicente Morales Pérez.
