Javier Rivera Bonilla, junto con integrantes de su Cabildo enfrentan una denuncia penal por los delitos de abuso de confianza, desobediencia de mandato judicial, abuso de autoridad y daño patrimonial.
Brissa Montero
Por haber autorizado la venta de dos vehículos que se encontraban legalmente embargados dentro de un juicio laboral el Presidente Municipal de Apizaco Javier Rivera Bonilla a quien apodan en la comuna como “Patitas de molcajete” junto con miembros del cabildo, fueron demandados penalmente y podrían ser destituidos por no respetar una sentencia jurídica.
De acuerdo a la Carpeta de Investigación 480/UMAS/APIZ/2025 fue abierta por la Fiscalía, luego de que se confirmara que los funcionarios aprobaron de manera conjunta la venta de una camioneta Ford Transit y un automóvil Nissan Tsuru, -ambos bajo resguardo judicial como parte del juicio laboral CDT 379/2019-2-, fue promovido por la extrabajadora Rosalinda Gollaz Gil.
No obstante de que los bienes embargados habían sido asignados a un depositario legal, el Ayuntamiento que preside el torpe alcalde, decidió venderlos sin autorización judicial, lo que podría configurar los delitos de abuso de confianza, desobediencia de mandato judicial, abuso de autoridad y daño patrimonial entre otros.
Los referidos delitos se han vuelto comunes en la administración del ex priista quien tiene un pésimo desempeño ya que su ignorancia en la administración pública, lo lleva a tomar malas decisiones y en el mejor de los casos, lo hace por ocurrencias y al tomar decisiones equivocadas, le han costado enfrentar temas judiciales delicados.
Este nuevo escándalo afecta severamente al alcalde morenista, quien se presume, actuó en contubernio con miembros del Cabildo, y se pasaron por alto la Ley por lo cual, la población pide que se le castigue por abusivos y mano largas.
Por lo anterior, tanto el edil como el sindico municipal y otros involucrados, fueron citados a comparecer este jueves 10 de julio ante la Unidad de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, donde deberán responder por los hechos y de ser necesario que se les castigue por abusivos, torpes e ignorantes.
