Raúl Contreras Flores
Tras ser aprobadas las reformas a la Ley de Notariado para el estado de Tlaxcala y del Código Penal por la mayoría de diputados de la LXV Legislatura local el pasado mes de marzo, el día de ayer tocó al Notario Público No. 2 de Zacatelco, Alejandro Moreno Morales, ser el primero en recibir sus letales efectos.
El propósito de esas reformas, se dijo, es “modernizar el marco normativo del notariado y fortalecer la seguridad jurídica en la entidad”. Además de actualizar “los procesos administrativos y disciplinarios aplicables a los notarios, así como la implementación de mecanismos que garanticen la eficiencia en la prestación del servicio notarial”.
Iniciativas de reforma que fueron presentadas por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y el diputado morenista Vicente Morales Pérez.
Así mismo, se argumentaba “la necesidad de establecer un marco jurídico más sólido que regule de manera clara el ejercicio de la función notarial, prevenga irregularidades y sancione aquellas conductas que vulneren la fe pública”. También, “reforzar la supervisión y vigilancia de los notarios”, “garantizando que su actuar responda a los principios de legalidad, transparencia y profesionalismo”.
En tanto que en materia penal se adicionaron “los delitos de usurpación de funciones notariales y ejercicio indebido de la función notarial”.
Dadas las graves irregularidades en las que presumiblemente incurre la mayoría de los notarios en el ejercicio de sus funciones, se requería, en efecto, de una reforma a la ley. Sin embargo, la injerencia directa del gobierno lorenista en el gremio de los fedatarios se hizo patente desde el momento en que desconoció, de manera velada, a la directiva elegida por la mayoría y colocar a un aliado suyo al frente de la presidencia del Colegio de Notarios del estado de Tlaxcala, José Aarón Pérez Carro, ex procurador de justicia y ex secretario de gobierno en el período de Marco Mena. Mismo funcionario público que ha sido cuestionado por su opaco desempeño como titular de la investigación de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala. Atropello al que los notarios tlaxcaltecas opusieron nula resistencia, quizá por temor, quizá por conveniencia. Lo único cierto es que Lorena Cuéllar los sometió.
Cabe precisar que, tal como suele suceder cada fin de sexenio gubernamental, a escasos días de finalizar el mandato de Marco Antonio Mena Rodríguez, a Aarón Pérez Carro y Antonio Flores Sánchez –entonces yerno de la mandataria estatal-, les fue obsequiada su respectiva notaría: la número Uno en Zacatelco para el primero, y la número Tres en Tlaxcala capital para el segundo.
Así, con base en las reformas aprobadas a la Ley de Notariado y del Código Penal, y con el control absoluto del Colegio de Notarios cayó el primer escribano público en Tlaxcala.
Presuntamente, el aseguramiento del Protocolo Notarial y la cancelación de patente del Notario Público No. 2 de Zacatelco, Alejandro Moreno Morales, se dio a partir de “una queja administrativa” contemplada en el artículo 225 de la citada ley, presentada en su contra, por lo que la Secretaría de Gobierno (Segob) –a cargo del “ahijado consentido” y posiblemente futuro notario público-, a través de la Dirección de Notarías y Registros Públicos, procedió en consecuencia, acto en el que se contó con la presencia de la fuerza pública.
Ahora, será la Dirección de Notarías la responsable “de dar continuidad y concluir los actos jurídicos y trámites iniciados antes de la cancelación de la patente”, reza el comunicado oficial.
Frente a estos hechos, queda la duda si el caso del ahora ex fedatario público, Alejandro Moreno Morales, será el único o seguirán otros más. Ya que son del dominio público las graves irregularidades y abusos en los que frecuentemente incurren los “intocables” notarios públicos, por supuesto, con sus honrosísimas excepciones. De tal manera que, a nivel nacional, las autoridades competentes han procedido a cancelar decenas de patentes notariales, dando a conocer ante la opinión pública patéticos casos de la existencia de los llamados “cárteles inmobiliarios”, en los que los notarios juegan un papel fundamental, sólo por citar un ejemplo. Y Tlaxcala no sería la excepción, habrá que esperar. Mientras tanto, corre fuerte el rumor de que cinco fedatarios más se encuentran en la lista de espera.
A estas dudas se agrega la interrogante planteada por el periodista Roberto Nava Briones, en la que señala un presunto contubernio entre Alejandro Moreno Morales y el también notario, Antonio Flores Sánchez, en el que estaría de por medio la nada despreciable suma de seis millones de pesos. (https://www.ahorainformate.com/…/pleito-por-notaria…/)
Y si la Segob “reitera su compromiso con el respeto al Estado de Derecho y actuará de manera firme frente a cualquier conducta que se aleje de la legalidad”, estaremos atentos a la resolución a la que se llegue en el caso del presunto narcomenudista Daniel “N”, quien al parecer ya tiene un pie fuera de prisión.
