Raúl Contreras Flores
A escasos 13 días de que se lleve a cabo la primera elección popular de ministros, magistrados y jueces federales y locales en nuestro país, los ataques de la ultraderecha y grupos conservadores en su contra han arreciado.
Campañas orquestadas desde diversos medios de comunicación electrónicos (radio y televisión), impresos, portales digitales y redes sociales, a través de personeros llaman a no acudir a votar, incluso, se tienen programadas marchas de “protesta” para el próximo 1 de junio, día de las elecciones.
Más allá de la confrontación política-ideológica que se dio entre el ex Presidente, Andrés Manuel López Obrador, y la todavía presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, la que motivó a que se calificara como una “venganza” la reforma al Poder Judicial impulsada por el tabasqueño, lo cierto es que para poder menguar la podredumbre que se vive en este poder se requería tomar una decisión de tal magnitud.
En efecto, el hecho de que se haya concretado la reforma constitucional al Poder Judicial, no significa que los profundos mares de corrupción, impunidad y nepotismo en los que por decenas de años han navegado con suma tranquilidad ministros, magistrados y jueces de pronto desaparecerán. Tampoco será posible impedir que en este inédito proceso electoral los corruptos gobiernos locales metan mano en la designación de los candidatos, tal como se presume ocurrió en la entidad tlaxcalteca.
Sin embargo, es un enorme avance para la democracia en México el hecho de que los antes intocables e inalcanzables “señores todopoderosos” integrantes del Poder Judicial -en funciones o aspirantes-, hoy tengan que tocar tierra y pedir, cara a cara, el voto y la confianza de los antes despreciados ciudadanos que les permita obtener el ansiado cargo.
Cierto, es un proceso electoral en extremo complicado, enredado, tortuoso, pero que vale la pena participar en él. Por primera vez en nuestra historia se tendrá la oportunidad de elegir a los responsables de impartir justicia, aun con todos sus defectos y virtudes. Por ello, es necesario que el ciudadano investigue la formación académica y trayectoria profesional de cada uno de los aspirantes, y así poder elegir por lo menos al menos cuestionado.
A nivel nacional se han puesto al descubierto a más de 15 candidatos presumiblemente vinculados a la delincuencia organizada, otros acusados de violencia de género o delitos sexuales. En tanto que, en Tlaxcala, por lo menos tres aspirantes han sido directamente señalados, tales son los casos de Raymundo Amador García, candidato a magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado en materia civil y familiar, exhibido por colectivos feministas de ser un presunto acosador sexual en los distintos cargos que ha ostentado; Violeta Fernández Vázquez, candidata a magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de Tlaxcala, a quien se acusa a través de una grabación, supuestamente de haber recibido dinero para liberar a una persona; y, Álvaro Carrillo Cortés, aspirante a magistrado del vigésimo octavo circuito, con sede en Tlaxcala, quien habría sido separado de su cargo como juez federal en el año 2010, por incurrir en actos de corrupción.
A estos tres nombres le sigue una larguísima lista que sería prácticamente imposible de agotar en este breve espacio, ya que la corrupción inicia desde el momento mismo en que el ciudadano pone un pie en alguna de las dependencias encargadas de impartir justicia; dar para el “chesco” y “pagar” copias es el principio de las insufribles como escabrosas historias de miles de justiciables. Y cuando el dinero se acaba y ya no es posible dar más, las cárceles se atiborran de pobres.
Por eso es muy importante que, a pesar de las múltiples adversidades, el ciudadano se involucre, investigue, razone y acuda a emitir su voto. Si ya identificó a los candidatos ligados al gobierno lorenista no votar por ellos, hay más opciones, es cuestión de que los miembros de una familia se involucren y seleccionen los números menos cuestionados que estarán anotados en cada una de las papeletas que serán entregadas por el órgano electoral. Lo mismo se puede hacer con los candidatos a cargos de nivel federal. En ambos casos la protesta social será un arma para exigir justicia pronta y expedita, así como la remoción de ministros, magistrados y jueces.
La oportunidad de participar en este primer ejercicio de elección de integrantes del Poder Judicial en los ámbitos federal y local constituirá en hito en la historia contemporánea de nuestra nación.
Vale la pena ser parte de la historia.